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Habeas Data: Fallo: “Torres Tocci, Mónica S. y otros c. G.C.B.A.”

Fallo: “Torres Tocci, Mónica S. y otros c. G.C.B.A.”, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 14/05/2001, publicado en: DJ 2001-3, 564 – LA LEY 2001-F, 489

SUMARIO:

Es procedente la acción de habeas data tendiente a obtener la rectificación de la información que contiene la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de una deuda que se encuentra prescripta -en el caso, por patentes- toda vez que la falta de entrega del certificado de libre deuda lesiona el derecho del accionante de realizar libremente la venta de un bien.

TEXTO COMPLETO:

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 14 de 2001.

Considerando: I. Que la accionante solicita se ordene a la Dirección General de Rentas a que rectifique sus registros referentes al automóvil propiedad de aquélla marca Peugeot 505 SRFam dominio VCJ 646, basando su petición en el hecho de que la presunta deuda que le atribuyera la Dirección General de Rentas corresponde a patentes de los años 1993, 1994 y 1995 y que la misma se halla prescripta.

Que de las constancias obrantes en autos surge que la DGR nunca inició acciones judiciales por el cobro de las mismas, lo que conlleva a la prescripción de la aludida deuda.

II. El juez de primera instancia concluye en su decisorio que “si bien de todo lo expuesto que se desprende que no se inició juicio alguno, lo cierto es, que -más allá de que la deuda sea o no exigible- la misma existe (art. 515 y sigtes., Cód. Civil)”. En virtud de lo cual decidió no hacer lugar a la rectificación solicitada.

III. La accionante se agravia del fallo recurrido considerando que el juez de grado a través del principio “iura novit curia” ha introducido una cuestión no planteada en la causa.

Al respecto, sostiene “que ambas partes alegan que de no existir demanda iniciada la información no debería constar en la base de datos de la Dirección de Rentas”. Concluye así que “lo decidido viola el derecho de defensa en juicio” y “el principio de congruencia -que hace al debido proceso- la igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio; toda vez que esta defensa introducida por el juez, cambiando los términos de la litis imposibilitó a esta parte -por su introducción sorpresiva- ejercer sus medios de defensa contra la misma, ya que en la inteligencia de los términos en que había quedado planteada no era necesario probar (en oportunidad del art. 42, ley 25.326) que de no haberse iniciado demanda tales períodos no se informarían como adeudados por la Dirección de Rentas, como lo hace con todos los demás ciudadanos de la ciudad”.

IV. En primer lugar corresponde expedirse sobre la procedencia de la apelación interpuesta; el Habeas Data ha sido concebido a efectos de resguardar entre otros el derecho a la identidad. Este instituto garantístico se inscribe en el ámbito de los Derechos Humanos, así y entendiendo que tales derechos como definen a la persona, concluimos que ésta es el conjunto de sus derechos y que si la privamos de los mismos la persona desaparece. Por ello, el derecho que asiste a las personas a fin de requerir -y en su caso hacerlo judicialmente- información que tanto organismos públicos y privados tengan acerca de su persona.

Corresponde ahora adentrarse en el caso de autos. Sobre el punto, debe señalarse que la existencia en los registros de la Dirección General de Rentas de una obligación natural -tal como caracteriza el juez de primera instancia a la deuda que la actora mantendría con esa Dirección- puesta en cabeza de un contribuyente, no puede obstar a que ésta extienda un certificado de libre deuda. Ello es así porque la DGR no cuenta con ningún medio jurídico coercitivo para perseguir el cobro de la deuda cuestionada por la actora. En tal sentido “Se han dado en llamar obligaciones naturales aquellas que no generan en cabeza del acreedor acción para exigir su cumplimiento” (Código Civil y leyes complementarias – Comentado, Anotado y Concordado, Director Beluscio, Coord. Zanoni, t. II, Ed. Astrea, comentario al art. 515, Cód. Civil, p. 671).

Así la consecuencia jurídica de las obligaciones naturales no alcanza a conmover la prescripción de una deuda, pues tal deuda no es exigible, es decir que el acreedor ha perdido la facultad jurídica de compeler al deudor para que cumpla la obligación. De lo expuesto y de conformidad con el art. 16 de la CCBA que prescribe que toda persona puede requerir mediante acción de amparo la actualización y rectificación de datos de todo registro, archivo o banco de datos que conste en organismos públicos, cuando esa información lesione o restrinja algún derecho y, teniendo en cuenta que la falta de entrega del certificado de libre deuda solicitado lesiona el derecho de la accionante de realizar libremente la venta del automotor, corresponde que la DGR rectifique la información que contiene sobre el estado de deuda de la actora por el automotor marca Peugeot 505 SRFam dominio VCJ 646 eliminando la deuda o haciendo constar que la misma es una obligación natural.

Finalmente, débese señalar que la amparista planteó la prescripción de la deuda que registra la DGR y la necesidad de rectificación de sus registros sin oponerse la Procuración del Gobierno de la Ciudad y que por ende no se trata de un hecho controvertido . En base a ello se toma la presente resolución:

I. Revocar la sentencia de primera instancia;

II. Hacer lugar a la apelación interpuesta por Mónica S. Torres Tocci, ordenando a la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires que rectifique sus registros respecto del estado de deuda del propietario del automóvil marca Peugeot 505 SRFam dominio VCJ 646, eliminando el registro de la deuda o bien haciendo constar que la misma es una obligación natural;

III. En mérito a la cuestión debatida y al principio de la derrota objetiva, costas a la vencida.- Esteban Centanaro.- Eduardo A. Russo.- Mabel Daniele.

Tarjetas de Crédito no solicitadas: Flor de regalito, multa a banco. Fallo Completo. Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 por infracción de los artículos 4, 8 bis y 35.

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa dio por válido el reclamo de la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y confirmó una multa de 15 mil pesos contra un banco por haber enviado una tarjeta de crédito a una persona que nunca la solicitó.

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa, integrado por Héctor Tievas, Ariel Coll, Eduardo Hang, Claudio Aguirre y Telma Bentancur, confirmó una sanción aplicada contra el Banco Francés por la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la provincia por haber enviado una tarjeta de crédito a una persona que nunca la solicitó.

Se trata de la causa “BBVA Banco Francés S.A. s/ apelación (Ley Pcial. N° 1480)” que se inició luego de que el banco enviara una tarjeta de crédito a una usuaria que no la solicitó y además, no informó cuáles eran las condiciones y sus obligaciones.

La mujer recién se enteró de la gravosa situación planteada cuando pretendió realizar una operación en un comercio local con otra tarjeta, de la que si era titular, pero que le fue retenida por orden del Banco emisor de la primer tarjeta, en atención a que debía costos operativos de ésta última, situación que la denunciante considero humillante, como así también el trato que recibió del Banco cuando fue a realizar el reclamo, desatendiendo sus propias actividades.

Por ello, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario provincial, mediante la resolución N° 183/11, multó a la entidad bancaria con 75 mil pesos por haber “sido sometida en la relación de consumo a una situación vergonzante” y en aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 por infracción de los artículos 4, 8 bis y 35.

El STJ confirmó la decisión del organismo administrativo, rechazando el argumento del apelante, fundado en que la reclamante es abogada y debe conocer la reglamentación vigente. El máximo tribunal afirmó que “poco importa la condición de abogada de la reclamante, porque aquí no está en juego sus conocimientos sobre las normas, sino la falta de información en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado al servicio, es decir, adecuada y veraz, que brinde un conocimiento necesario para evitar errores en su elección”.

Asimismo, destacan que “a pesar de la insistencia de la destinataria de la oferta en no querer la misma, luego aparecen gastos que le pretenden imputar y se le obliga a un innecesario trámite para desligarse del producto, cuando nunca presto su consentimiento para esa relación contractual”.

Según explican los magistrados “la información es previa y no se presume el consentimiento presunto tenido su fundamento en el principio de la buena fe” y “la condición de abogada de la potencial cliente, no eximía a la denunciada a cumplir la lay dando información adecuada al respecto”. La Ley “prohíbe conductas vejatorias exigiendo un trato correcto evitando prácticas abusivas estableciendo una multa civil”, consignan en el fallo.

Lo que los lleva a concluir que, teniendo en cuenta el artículo 42 de la Constitución Nacional que “establece como directiva el trato digno de los consumidores y usuarios”, “la actitud coercitiva e intimidatoria puesta de manifiesto por la denunciada en la ocasión sumada al impacto emocional en la desprevenida e inocente recepcionante del indebido y público escarnio, corresponde ser sancionada en la forma como se procediera en la resolución ahora atacada”. Aunque disminuyeron la multa aplicada de 75 mil a 15 mil pesos “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47, inc. B) de la Ley 24.240”.

22/10/11 Fuente: Diario Judicial

Frenan cargos adicionales en tarjetas de crédito. Fallo Completo

Supermercados Coto deberá abstenerse de cobrar cargos por exceso en el límite de compra autorizado de las tarjetas de crédito que emite, mientras dura el juicio donde se examinará la legitimidad de esta práctica. Así lo resolvió la jueza Julia Villanueva. Las asociaciones Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres promovieron varias acciones colectivas para eliminar esta práctica. Ya hay 22 bancos, entidades financieras y tarjetas demandados por el cobro de este “interés inventado”, dijo uno de los abogados a Mercado y Transparencia.

Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres iniciaron varias acciones colectivas donde cuestionan la legitimidad de los cargos que cobran las emisoras de tarjetas de crédito para el caso de que el usuario se exceda en el límite de compra. Estos cargoss rondan entre el 5% y el 15% del monto excedido.

Cada titular de una tarjeta de crédito tiene un límite para comprar o financiar. Digamos, por ejemplo, 5.000 pesos. Supuestamente, pasado ese límite el cliente no puede seguir utilizando su tarjeta. Pero sucede que las entidades emisoras, automáticamente autorizan al cliente a utilizar hasta un 20% más de crédito. De modo que en lugar de 5.000 pesos, uno puede gastar hasta 6.000 pesos, explicó Horacio Bersten, abogado de Unión de Usuarios y Consumidores, a MyT.

El cliente no recibe aviso alguno de que se está por pasar o ha pasado su límite de compra. Si se excedió se entera recién a fin de mes cuando emisora le aplicó el cargo, que en el caso ejemplificado -1.000 pesos excedidos- sería de 50 a 150 pesos mensuales, según el banco, tarjeta o entidad financiera.

Según el contrato de COTO, por ejemplo, ante la violación del límite la compañía se reserva el derecho de: a) rechazar las operaciones excedentes en la caja; b) retener la tarjeta a los usuarios cuando van a pagar –lo que las actoras califican de vejamen-; c) bloquear o inhabilitar la tarjeta sin notificación previa; d) aceptar el exceso cobrando un recargo adicional.

Las ONGs sostienen que se trataría de una cláusula prohibida por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) porque amplía los derechos del proveedor y disminuye los del consumidor, al aplicar un débito que no tiene respaldo en algún servicio que se haya prestado. Sería un interés forzado y, por ello, abusiva, dijo Bersten.

La jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2, Julia Villanueva, admitió una medida cautelar que prohíbe provisoriamente a Supermercados Coto aplicar ese cargo. Sostuvo que el “límite de compra” es una previsión establecida a favor de ambas partes: para el usuario, implica ponerlo a cubierto del sobreendeudamiento y a resguardo de padecer pérdidas exorbitantes en caso de utilización indebida por un tercero ante la pérdida o robo; para el emisor, el límite procura que no se incremente el riesgo por falta de pago, dice el fallo dictado en el caso “Unión de Usuarios y Consumidores y otro c/ Coto SA”.

Villanueva señaló que hay una discordancia entre esos sanos objetivos perseguidos y el hecho de que el quebrantamiento del límite se resuelva con una multa a cargo del consumidor. Más aún, cuando se advierte que el emisor resulta beneficiado económicamente por autorizar la violación del límite que había impuesto, esto es, autoriza la infracción, pero a la vez, la castiga y obtiene un provecho económico, dice el fallo.

La jueza concluyó que la medida cautelar no perjudica al emisor de la tarjeta –en este caso, Supermercados Coto- quien puede arbitrar los medios para que el límite sea respetado mientras dura el juicio, de modo que no se genere el cargo cuestionado hasta que se resuelva sobre su legitimidad en la sentencia definitiva [Fallo completo Res COTO].

La demandada se defendió diciendo que el cargo por exceso en el límite de compra fue aceptado por el usuario al adquirir la tarjeta y que está admitido por la Comunicación “A” 4256 del Banco Central. La cuestión será sometida a la decisión de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, no obstante lo cual, COTO cumplió con la medida dictada por Villanueva. Cesó con el mencionado cargo e informó a los usuarios que dejó de cobrarlo, confirmó Bersten a MyT.

Otra acción colectiva que podría seguir el mismo camino es la Unión de Usuarios y Consumidores inició contra Standard Bank. En este caso fue la Sala B la que admitió la medida cautelar solicitada por la ONG, aunque luego la demandada planteó reposición. Habrá que esperar a ver el resultado final.

Hace un año todos los bancos, tarjetas y entidades financieras cobraban por el cargo de exceso en el límite de compra. Hoy son alrededor de 22 las que compañías que continúan con esa práctica considerada abusiva y que han sido demandadas por ello, dijo el abogado de Unión de Usuarios y Consumidores.

El solo hecho de que esta cuestión se esté planteando en los tribunales muestra, una vez más, la eficacia de las acciones colectivas para llevar a discusión aspectos contractuales que parecían fosilizados, ya que para cualquier ciudadano resulta antieconómico iniciar una acción con ese propósito. Ante ese impedimento, el consumidor estaba sujeto al destino irreductible de pagar las multas que le aplicaran cada vez que no hubiera observado la diligencia de llevar un cómputo actualizado, día a día, de sus gastos, para saber en qué momento puede violar el límite de compra en sus tarjetas de crédito. Por fortuna, hay ONGs que trabajan en nuestra defensa.

Supermercados Coto deberá abstenerse de cobrar cargos por exceso en el límite de compra autorizado de las tarjetas de crédito que emite, mientras dura el juicio donde se examinará la legitimidad de esta práctica. Así lo resolvió la jueza Julia Villanueva. Las asociaciones Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres promovieron varias acciones colectivas para eliminar esta práctica. Ya hay 22 bancos, entidades financieras y tarjetas demandados por el cobro de este “interés inventado”, dijo uno de los abogados a Mercado y Transparencia.

Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres iniciaron varias acciones colectivas donde cuestionan la legitimidad de los cargos que cobran las emisoras de tarjetas de crédito para el caso de que el usuario se exceda en el límite de compra. Estos cargoss rondan entre el 5% y el 15% del monto excedido.

Cada titular de una tarjeta de crédito tiene un límite para comprar o financiar. Digamos, por ejemplo, 5.000 pesos. Supuestamente, pasado ese límite el cliente no puede seguir utilizando su tarjeta. Pero sucede que las entidades emisoras, automáticamente autorizan al cliente a utilizar hasta un 20% más de crédito. De modo que en lugar de 5.000 pesos, uno puede gastar hasta 6.000 pesos, explicó Horacio Bersten, abogado de Unión de Usuarios y Consumidores, a MyT.

El cliente no recibe aviso alguno de que se está por pasar o ha pasado su límite de compra. Si se excedió se entera recién a fin de mes cuando emisora le aplicó el cargo, que en el caso ejemplificado -1.000 pesos excedidos- sería de 50 a 150 pesos mensuales, según el banco, tarjeta o entidad financiera.

Según el contrato de COTO, por ejemplo, ante la violación del límite la compañía se reserva el derecho de: a) rechazar las operaciones excedentes en la caja; b) retener la tarjeta a los usuarios cuando van a pagar –lo que las actoras califican de vejamen-; c) bloquear o inhabilitar la tarjeta sin notificación previa; d) aceptar el exceso cobrando un recargo adicional.

Las ONGs sostienen que se trataría de una cláusula prohibida por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) porque amplía los derechos del proveedor y disminuye los del consumidor, al aplicar un débito que no tiene respaldo en algún servicio que se haya prestado. Sería un interés forzado y, por ello, abusiva, dijo Bersten.

La jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2, Julia Villanueva, admitió una medida cautelar que prohíbe provisoriamente a Supermercados Coto aplicar ese cargo. Sostuvo que el “límite de compra” es una previsión establecida a favor de ambas partes: para el usuario, implica ponerlo a cubierto del sobreendeudamiento y a resguardo de padecer pérdidas exorbitantes en caso de utilización indebida por un tercero ante la pérdida o robo; para el emisor, el límite procura que no se incremente el riesgo por falta de pago, dice el fallo dictado en el caso “Unión de Usuarios y Consumidores y otro c/ Coto SA”.

Villanueva señaló que hay una discordancia entre esos sanos objetivos perseguidos y el hecho de que el quebrantamiento del límite se resuelva con una multa a cargo del consumidor. Más aún, cuando se advierte que el emisor resulta beneficiado económicamente por autorizar la violación del límite que había impuesto, esto es, autoriza la infracción, pero a la vez, la castiga y obtiene un provecho económico, dice el fallo.

La jueza concluyó que la medida cautelar no perjudica al emisor de la tarjeta –en este caso, Supermercados Coto- quien puede arbitrar los medios para que el límite sea respetado mientras dura el juicio, de modo que no se genere el cargo cuestionado hasta que se resuelva sobre su legitimidad en la sentencia definitiva [Fallo completo Res COTO].

La demandada se defendió diciendo que el cargo por exceso en el límite de compra fue aceptado por el usuario al adquirir la tarjeta y que está admitido por la Comunicación “A” 4256 del Banco Central. La cuestión será sometida a la decisión de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, no obstante lo cual, COTO cumplió con la medida dictada por Villanueva. Cesó con el mencionado cargo e informó a los usuarios que dejó de cobrarlo, confirmó Bersten a MyT.

Otra acción colectiva que podría seguir el mismo camino es la Unión de Usuarios y Consumidores inició contra Standard Bank. En este caso fue la Sala B la que admitió la medida cautelar solicitada por la ONG, aunque luego la demandada planteó reposición. Habrá que esperar a ver el resultado final.

Hace un año todos los bancos, tarjetas y entidades financieras cobraban por el cargo de exceso en el límite de compra. Hoy son alrededor de 22 las que compañías que continúan con esa práctica considerada abusiva y que han sido demandadas por ello, dijo el abogado de Unión de Usuarios y Consumidores.

El solo hecho de que esta cuestión se esté planteando en los tribunales muestra, una vez más, la eficacia de las acciones colectivas para llevar a discusión aspectos contractuales que parecían fosilizados, ya que para cualquier ciudadano resulta antieconómico iniciar una acción con ese propósito. Ante ese impedimento, el consumidor estaba sujeto al destino irreductible de pagar las multas que le aplicaran cada vez que no hubiera observado la diligencia de llevar un cómputo actualizado, día a día, de sus gastos, para saber en qué momento puede violar el límite de compra en sus tarjetas de crédito. Por fortuna, hay ONGs que trabajan en nuestra defensa.